En un país cuya economía se sustenta en la agricultura, con una población rural aún mayoritaria y una estructura agraria desequilibrada, no es casual que el reclamo campesino por tierras se reactive cíclicamente y hasta se constituya en uno de los fenómenos sociales y políticos más recurrentes y sensibles del proceso de transición. También tiene serias repercusiones ecológicas, puesto que la demanda se centra casi exclusivamente en tierras boscosas consideradas «incultas» o no «explotadas racionalmente», lo que incita a los grandes propietarios a deshacerse de los bosques para evitar su expropiación.